Derechos humanos, principio y fin de la acción pública: Rodríguez Alamilla

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Tras señalar la profunda desigualdad que existe en México y que mantiene al 43.6 por ciento de la población en situación pobreza, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla planteó la urgencia de replantear el significado de desarrollo.

Durante su participación en el foro regional “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” impulsado desde la Cámara de Diputados Federal, el ombudsman recalcó que los derechos humanos deben ser principio y fin de toda acción pública por parte del Estado.

“Un enfoque basado en derechos humanos del desarrollo, busca poner en el centro de la toma de decisiones la dignidad humana, y transformar con ello las relaciones de poder que existen, corrigiendo las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder, por ser estos los principales problemas que obstaculizan el desarrollo”, indicó.

En el encuentro, encabezado por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura federal, Mario Delgado Carrillo, participó también el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, la catedrática Josefina Aranda Bezaury, la experta en temas de Igualdad, Erika Lilí Díaz Cruz; los presidentes delegacionales de la Canacintra, Carlos Guzmán Gardeazábal y Coparmex, Raúl Ruiz Robles y el dirigente Sindical, Carlos Aragón Ziga.

Y desde diversos ángulos, los ponentes analizaron las propuestas vertidas por el gobierno federal sobre la visión de país que habrá de construirse en el futuro inmediato y que en breve deberá ser avalado por el Poder Legislativo.

En su oportunidad, Rodríguez Alamilla resaltó que el concepto de desarrollo ha sido y es objeto de profundos debates y reflexiones entre diversas escuelas económicas, sociológicas, políticas, vinculadas las distintas opciones ideológicas, sin embargo, en la práctica, desde sus inicios, el término más asociado al desarrollo fue el de “crecimiento económico”.

El ombudsman realizó una revisión histórica del entendimiento humano sobre desarrollo y como éste se centró en lograr altos niveles de crecimiento económico, medido fundamentalmente por su Producto Interior Bruto.

Reflexionó sobre la crisis del modelo en los años 80 que generó niveles cada vez más altos de pobreza y desigualdad. “Solo en América Latina, según cifras publicadas por la CEPAL, durante los años noventa, la pobreza alcanzaba al 46 por ciento de la población regional, lo cual equivalía casi a 200 millones de pobres”.

Mientras que, dijo, en el caso de México dicho modelo ha dado como resultado, según los propios datos oficiales, que el 43.6 por ciento de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza, lo que equivale a 53.4 millones de personas. Mientras que el 7.6 por ciento está en condiciones de pobreza extrema, es decir, 9.4 millones de personas.

“Esta forma de desarrollo ha provocado que nuestro país sea considerado uno de los lugares con mayor desigualdad del mundo, en el que las 10 personas más ricas concentran la misma riqueza que el 50 por ciento más pobre del país, y en el que la población indígena sea cuatro veces más pobre que la que no es indígena”, indicó.

Asimismo, resaltó, las asimetrías en las oportunidades entre el norte, centro y sur del país encuentran su explicación en este modelo de desarrollo que privilegiaba las fortalezas económicas en detrimento de las capacidades de las personas.

Frente a estos hechos, aseguró, se requiere concebir el progreso con el lente de los valores, principios y normas de los derechos humanos para mirar y cuestionar nuestra realidad social, política, económica y cultural, pero también, nuestra forma de actuar en la vida pública y privada, pues es ahí donde se generan y reproducen día a día las relaciones de poder.