DISCURSO DEL MAGISTRADO EDUARDO PINACHO SÁNCHEZ INFORME DE ACTIVIDADES 2020

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“ES UNA SALUDABLE Y BENEFICA COSTUMBRE QUE LAS AUTORIDADES INFORMEN DE SU ACTUACION”, sostenía Benito Juárez siendo gobernador de Oaxaca. Congruente con este pensamiento, le daría contenido republicano a ese compromiso, e innovaría la tradición de informar presencialmente al Congreso. “Nadie antes que él lo había hecho como él lo haría”, apunta su biógrafo Anastacio Zerecero.
Siguiendo el ejemplo juarista, y en cumplimiento al artículo 17, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, rindo a los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, así como ante los Poderes Supremos del Estado, mi primer informe de actividades como Presidente del Poder Judicial del Estado.
El 3 de enero de 2020, al asumir el más honroso cargo al que puede aspirar un abogado, protesté trabajar por humanizar la justicia; impulsar una justicia abierta; construir puentes con la sociedad civil; fortalecer la vinculación armónica con los otros dos poderes del Estado; asumí el compromiso de transversalizar las perspectivas de derechos humanos, género y pluralismo jurídico, así como modernizar e innovar el sistema de justicia.
Por ello, es pertinente hacer un balance de los logros, pero también de los pendientes y los nuevos desafíos.
En este año la pandemia derivada del Covid 19 nos impulsó a acelerar proyectos, precipitando la digitalización de los servicios judiciales. Debo reconocer que después de muchos años iniciamos con retraso una ambiciosa e ineludible tarea: Empezar a sentar las condiciones técnicas y estructurales para la materialización de un tribunal virtual.
Sin embargo, en estos últimos doce meses hemos dado un salto cualitativo: Habilitamos el Registro Único de Notificaciones Electrónicas; Una Agenda Electrónica para la Presentación de demandas y Promociones; El Servicio de Mediación en Línea; también un servicio rápido de atención telefónica al público, que denominamos Justiciatel; por primera vez se implementó la práctica de Audiencias virtuales en los procesos judiciales, así como cursos de capacitación en línea. Aún queda un trecho por consolidar este proceso, pero hemos avanzado sustancialmente.
La modernización de la infraestructura física y tecnológica es lo más visible, pero de ninguna manera es no lo único. Un espacio digno constituye una faz amable en el complejo tránsito de pedir e impartir justicia. Por ello, a través de un ejercicio honesto y eficiente de los recursos del pueblo, en este año pusimos en operación los Centros de Justicia del Istmo, de Ejutla de Crespo y de Putla de Guerrero, se instalaron dos salas de Audiencia en Ixcotel; una sala de oralidad mercantil en Huajuapan, una en Huatulco, una en Tuxtepec, y otra más en Salina Cruz. Después de largos años de abandono se remozó un inmueble emblemático del Poder Judicial en el estado: el Edificio de los juzgados civiles y familiares del Exmarquezado, en la Ciudad de Oaxaca, así como inmuebles propios, sede de los juzgados de Tuxtepec, Huatulco, Pochutla, el de Justicia para Adolescentes, entre otros, aprovechamos esta oportunidad para instalar redes de voz y datos que permitan incorporar las tecnologías de la información y comunicación, la aplicación de métodos de gestión y trabajo más modernos y actualizados. En total, se ejecutaron más de 100 obras con recursos limitados. No es un mero discurso, pongo a disposición de los interesados la evidencia empírica que así lo prueba.
A lo largo de su historia, Oaxaca ha tenido una brillante tradición jurídica, expidió el primer Código Civil de Iberoamérica; fue el primer Estado que implementó el sistema penal acusatorio, así como el de Justicia para Adolescentes; antes que lo hiciera la federación o cualquier otra entidad, reformó su constitución para reconocer los métodos alternos de resolución de conflictos que abrieron nuevos horizontes en los sistemas procesales contemporáneos. Oaxaca ha sido cuna del más universal y trascendente de los abogados de América. Ahora, siguiendo en esa misma línea, Oaxaca se puso a la vanguardia en materia de justicia abierta. A través de un convenio de colaboración con distintas organizaciones de la sociedad civil, asumimos la tarea de constituir un Consejo Consultivo Ciudadano, el primero en su tipo en un poder judicial de las entidades federativas en México. Como ésta, acciones similares se están construyendo con otras organizaciones, y con un actor central más: Las Universidades y Centros de Investigación. Hemos abierto las puertas de la justicia a la sociedad, incluir mecanismos de participación ciudadana no supone interferir en las acciones jurisdiccionales, de lo que se trata es acercar al Poder Judicial con la ciudadanía, conjuntar esfuerzos y crear condiciones que permitan evaluar de manera objetiva el desempeño del sistema de justicia, que señale nuestras debilidades, pero que también intervenga en su fortalecimiento para que, juntos, poder judicial y sociedad civil transitemos en la construcción de una estructura judicial más eficiente, moderna, innovadora, dinámica, sensible y por supuesto, más humana, tal como lo requiere una sociedad con especiales particularidades.
Uno de los retos fundamentales es consolidar un sistema de justicia pluralista, con enfoque de género y de derechos humanos. Este año sentamos las bases para avanzar en esa ruta: Se constituyeron las Comisiones de Pluralismo Jurídico, de Género y Derechos Humanos, desarrollándose una intensiva capacitación para dotar a nuestro personal de las herramientas metodológicas que permitan transversalizar y fortalecer el pluralismo jurídico y la interculturalidad, enfrentar profundos problemas de desigualdad y un clima de violencia en todas sus expresiones.
Es claro que, para enfrentar la complejidad de la época, requiere una convergencia de esfuerzos y capacidades. Por ello, también hemos establecido lazos de coordinación interinstitucional con distintos órganos del gobierno estatal, federal e internacional, como la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; la Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría de los Pueblos Indígenas y el Afromexicano, así como con el Tribunal Estatal Electoral. Estoy seguro que vamos en la ruta correcta.
La transparencia es ya una asignatura irreversible en nuestras acciones; como muestra, se pueden consultar más de ocho mil sentencias en nuestro portal de internet.
Para enfrentar la contingencia de salud actual dictamos una serie de acuerdos, siguiendo las recomendaciones emitidas en la resolución 1/2020. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en las “Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19” de la Organización de las Naciones Unidas. Durante este período el Poder Judicial redujo sus actividades, pero nunca, en ningún momento quedó paralizado, a pesar del fallecimiento de un magistrado, de un juez y personal de otros niveles, seguimos trabajando bajo la conciencia de que, la nuestra, es una actividad esencial que no puede quedar paralizada. Ahí está el universo de resoluciones judiciales, de audiencias presenciales y audiencias virtuales de las que se ha dado cuenta en el video.
Los derechos más valiosos de las personas dependen, necesaria e indefectiblemente, de un sistema de justicia efectivo, que disponga de las condiciones básicas para tutelarlos y protegerlos. El artículo 17 de la Constitución Política federal, su correlativo de la constitución local, los Tratados y resoluciones de órganos internacionales, en distintas formas y sentido, prescriben que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales independientes y que la leyes deben garantizar esa independencia. Es un principio básico en un Estado Constitucional de Derecho que los jueces sean autónomos e independientes, que los tribunales no se encuentren condicionados, ni sometidos por factores de cualquiera índole, sea de carácter financiero, político, social o institucional. Un Poder Judicial será independiente en la medida que se respeten sus decisiones internas y, por eso, debo reconocer el pleno respeto a la autonomía judicial por parte del titular del Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado, maestro Alejandro Mural Hinojosa, en ninguna manera hubo subordinación y mucho menos servilismo reconocer, la coadyuvancia, la colaboración, la solidaridad que ha mostrado el señor Gobernador. Muchas gracias por su respaldo al Poder Judicial.
También, debo reconocer la responsabilidad con que las diputada y los diputados asumen un bien entendido sistema de división de poderes, de pesos y contrapesos, porque se han pronunciado emitiendo exhortos al Poder Judicial, los cuales revisamos y atendemos, pero en este momento en que analizan el proyecto de presupuesto que hemos presentado, han mostrado una razonable sensibilidad para atender la necesidad de fortalecerlo en términos financieros. Muchas gracias señoras diputadas, señores diputados.
El ambicioso proyecto de trabajo que ha emprendido el Poder Judicial sería impensable sin el arduo trabajo de magistradas y magistrados; de la consejera y consejeros; de las juezas y jueces que muchas veces con sacrificio de su familia, deben trasladarse para cumplir con su alta responsabilidad en los lugares más alejados de nuestro Estado; de los secretarios de acuerdos, actuarios, oficiales administrativos y, en general, de miles de trabajadores que prestan su servicio en esta institución. Mi reconocimiento pleno a su respaldo porque cotidianamente refrendan su compromiso en la buena marcha del poder judicial.
La corrupción es detestable e intolerable en cualquier instancia, pero lo es más cuando corroe las entrañas de la justicia. Debemos reconocer que existe, no hacerlo implica solaparla, sin duda debe combatirse la presencia de servidores judiciales que deshonran esta institución. Que se tenga la certeza que empeñaremos todos nuestros esfuerzos en combatir la corrupción al interior del sistema de justicia, debemos hacer prevalecer el trabajo honesto, responsable y digno que realiza la gran mayoría de jueces, secretarios, actuarios y, en general, de trabajadores de esta institución.
Que los poderes públicos presenten un informe de actividades “…es una garantía para los pueblos, garantía que la ley ha establecido y que nosotros debemos sostener con el ejemplo…” afirmaba el Benemérito de las Américas. Con espíritu juarista presentamos este recuento de tareas y refrendamos el compromiso de continuar en la ruta que trazamos para los siguientes tres años.
En tiempos de normalidad, como en tiempos de crisis, el poder judicial del Estado de Oaxaca se encuentra plenamente comprometido en su tarea esencial: La salvaguarda de los derechos humanos; la impartición de justicia y la preservación del Estado de Derecho. Ha llegado la hora de reivindicar el concepto de juez y de justicia en Oaxaca, de reinventar el sistema en toda su estructura, de insertarnos en una realidad moderna, pero reconociendo las particularidades de los distintos órdenes normativos internos de nuestros pueblos y comunidades, y; para ello, que el pueblo al que servimos tenga la plena certeza que seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo, en concordancia, armonía y colaboración con los otros dos Poderes del Estado, porque los tres perseguimos un fin común: Construir un sistema de justicia como Oaxaca lo merece.

MUCHAS GRACIAS.