DETRÁS DE LA NOTICIA 270218

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DETRÁS DE LA NOTICIA

Alfredo Martínez de Aguilar

Los desplazados triquis, gran negocio de vivales

La supuesta defensa de los derechos humanos de los indígenas, se ha convertido en Oaxaca en un gran negocio para los dirigentes de numerosas organizaciones políticas y sociales, particularmente en el caso de los politizados, ideologizados y manipulados triquis, sobre todo, de los cuatro grupos de desplazados.

Manipuleo que llega a organismos nacionales e internacionales, institucionales y antisistémicos, como Servicios y Asesoría para la Paz(SERAPAZ), que preside Miguel Álvarez Gándara, vinculado al movimiento de sacerdotes católicos impulsores de la Teología de la Liberación.

Los sacerdotes pertenecientes a esta corriente político-ideológica de la Iglesia Católica son encabezados en Oaxaca por el Presbítero Francisco Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez, Coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis.

Las carretadas de dinero que han recibido los dirigentes triquis les ha dividido y enfrentado entre sí a grado tal que, tras el nacimiento del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) surgió la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).

Asimismo, la escisión del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui original dio lugar a la aparición del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), así como a una serie de “purgas” con numerosas ejecuciones.

El propio dirigente histórico del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Heriberto Pazos Ortiz, fue ejecutado y cayó abatido por las balas como resultado de las pugnas internas.

La lucha triqui, también es un gran negocio para los presuntos defensores de los derechos humanos y, desde luego, de los servidores públicos del ramo en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), todavía presidida por Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido a la fecha la Medida Cautelar 60-12, a favor de 19 familias Triquis de Valle del Río San Pedro, agencia municipal de San Juan Copala, Juxtlahuaca, así como la 197-10, a favor de los 135 desplazados de San Juan Copala, encabezados por Lorena Merino Martínez.

Entretanto,en el gobierno de Gabino Cué Monteagudola Coordinación de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, dirigida por Eréndira Cruzvillegas Fuentes,emitió tres medidas cautelaresrespecto a conflictos agrarios en la zona de desplazados de ese grupo étnico.

A pesar que se han tenido importantes avances respecto a garantizar sus derechos básicos de seguridad y dignidad de los triquis, con el pago de renta de viviendas y de sus locales de negocios cada día exigen más recursos, por ejemplo, para la construcción de vivienda.

La lucha indígena y la defensa de los triquis han degenerado a tal extremo que la dirigente de las familias desplazadas de San Juan Copala, Lorena Merino Martínez, presiona y chantajea al gobierno de Alejandro Murat para que pague la renta de su vivienda y negocio.

Pero para obtener más dinero, se niega a recibir los cheques para el pago de la renta, lo que obligó al Gobierno del Estado a depositarlos en un Juzgado de lo Civil ante la fe de un Notario Público.

En Oaxaca ser desplazado triqui se ha convertido, pues, en un excelente modus vivendi, un negocio particular para algunos grupos que abusando de su condición de vulnerabilidad, presionan y extorsionan a las autoridades del Gobierno del Estado para obtener beneficios personales y de grupo.

Según un informe del gobierno de Gabino Cué, entregado en 2015 a Roberto Campa Cifrián, entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), los grupos de desplazados triquis han sido sobreatendidos, ya que reciben ayudas y apoyos económicos por encima de la norma general y aun así se quejan de desatención oficial.

El Informe de Gobierno en mención, revela la entrega mensual y ayuda económica en efectivo para su manutención para cada uno de los cuatro grupos de desplazados, además de apoyos alimenticios, de vestido y vivienda diversos.

Entre la ayuda documentada al grupo triqui se destaca el pago de 220 mil pesos a Lorena Merino Martínezpor indemnización y 41 mil pesos más de forma mensual por apoyo de manutención general a favor de su grupo de desplazados.

Además,el Gobierno del Estado, se hace cargo de la renta de su vivienda en la Colonia “América” para la representante y un local comercial que implica un pago mensual total de 16 mil pesos.

También se le han otorgado 30 pares de zapatos, uniformes escolares para 40 niños, cobertores, 20 cepillos de dientes y 20 tubos de pasta dental y detergente, además de apoyo alimenticio diversoen especie como la entrega de chorizo y tasajo de hebra de primera. ¡Imagínese! ¡El colmo del abuso!

Así también,se le entregan despensas mensuales y semanales y los menores y las mujeres son beneficiarios de gastos médicos.

Otra ayuda dada es la entrega de 2 hectáreas para impulsar un proyecto ecoturísticode truchas, apoyos para adquirir 25 mil pollos y terrenos para sus animales y contar con un temazcal y una capilla.

En el documento de respuesta de la Subsecretaría de Gobernación en Derechos Humanos al gobierno de Oaxaca, se explica que la obligación del Estado Mexicano con los cautelados es solo protegerlos garantizando que obtengan una condición de vida y seguridad que revierta su estado de vulnerabilidad.

Hace seis años, cuatro grupos de indígenas triquis, originarios de la comunidad de San Juan Copala fueron desplazados por la violencia generada por grupos hostiles presuntamente paramilitares, trasladándose en caravana a la ciudad de Oaxaca para exigir a las autoridades estatales su regreso seguro a sus comunidades de origen.

Su presencia en la capital oaxaqueña en un plantón instalado en el palacio de gobierno causó junto con su condición de vulnerabilidad que fueron beneficiarios de medidas cautelares dictadas por organismos internacionales de derechos humanos.

El Gobierno de Oaxaca ha informado que a los cuatro grupos de desplazados se le ha atendido por igual con los mismos apoyos, sin embargo el grupo que lidera Lorena Merino Martínez, se queja de desatención.

Sin embargo, ha sido de los que más apoyo ha recibido por parte de las autoridades del Gobierno de Oaxaca.

Su último reclamo versó en la compra de un terreno de 3.6 hectáreas en la comunidad de Reyes Etla en el que la dirigente propuso a un vendedor a modo, para exigir un monto de 15 millones de pesos por la adquisición del predio a la par de ceder un millón de pesos para construir la Casa Ejidal del poblado como acuerdo con las autoridades para permitir el uso del terreno.

No obstante, el sitio es un predio baldío sin servicios, pues no tiene luz, agua y no tiene dominio pleno.

Lorena Merino integrante del grupo de desplazados que se mantiene en los pasillos del Palacio de Gobierno en protesta, desperdicia los apoyos en especie otorgados por las autoridades y chantajea con poner en condición de trauma de guerra a 8 niños indígenas y mujeres que utiliza como vallas humanas y estandartes.

En la zona triqui, los grupos y autoridades municipales de San Juan Copala rechazan que los desplazados sean originarios de la zona y los acusan de invasores.

El gobierno de Oaxaca, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, ha sostenidoque ha acatado lo dispuesto en la medida cautelar 197/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 135 indígenas desplazados.

Sin embargo a la fecha ninguna de los grupos ofrece los nombres exactos de los beneficiarios.

alfredo_daguilar@hotmail.com

director@revista-mujeres.com

@efektoaguila