¿Cuándo, suicidio o cárcel de ex presidentes mexicanos?

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DETRÁS DE LA NOTICIA

Alfredo Martínez de Aguilar

 

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El suicidio del expresidente de Perú, Alán García, investigado por corrupción en el caso Odebrecht, también baña de estiércol al expresidente Enrique Peña Nieto, y al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, entre otros funcionarios de Pemex.

Los cuatro últimos expresidentes de Perú que ocuparon el cargo sucesivamente desde 2001 hasta 2018, se han mantenido en la mira de la justicia desde que se destapara, en diciembre de 2016, el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Qué tiene que ocurrir para que nos enteremos que uno de los seis expresidentes mexicanos vivos, Luis Echeverría –acusado de genocidio–, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, se suicidaron por su documentada corrupción.

Ante el encarcelamiento del candidato presidencial guatemalteco del partido Unión del Cambio Nacional (UCN, derecha) Mario Estrada Orellana por nexos con el narcotráfico, obligado es preguntar cuándo seremos testigos que esto, también suceda en México.

Al mismo tiempo, no menos obligado es preguntar qué tienen los peruanos y guatemaltecos que no tengamos los mexicanos, si zurran y mean igual que nosotros, no son extraterrestres, con todo y que ambos son países menos desarrollados que México.

A primera vista da la impresión que los políticos peruanos son más dignos y honorables al preferir la muerte al ser deshonrados por corrupción, asimismo, que los gobiernos peruano y guatemalteco, si respetan y hacen respetar la ley y la aplican.

En cambio, en México, las amplísimas redes de complicidad de los gobiernos en turno sean del partido que sean, viejo y nuevo PRI, PAN y, ahora, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se garantizan entre sí, total impunidad.

A pesar de sus cotidianas denuncias contra los corruptos en sus desgastadas conferencias mañaneras, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado detener y encarcelar a uno solo de los que ha denunciado como corruptos.

En mayor o menor medida la inmensa mayoría silenciosa por apatía o cobardía es corresponsable del permanente saqueo impune de billones de pesos, dinero que es del pueblo bueno y sabio que paga impuestos, porque los ricos no pagan, al contrario, el SAT les devuelve miles de millones.

Convencidos estamos que los pueblos tienen los gobiernos que merecen, pero correlativamente los gobiernos también tienen los pueblos que merecen al no ser sus ciudadanos participativos por indiferentes, indignos, desgüevados y convenencieros, como los oaxaqueños.

Uno de los mayores problemas de México es que los líderes naturales del pueblo, maestros y ministros de los cultos, entre otros, muchos menos los gobiernos de los partidos que sean, se han preocupado y ocupado por informar y concientizar para construir ciudadanía.

Trágico final para el único expresidente peruano del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que aún no tenía orden de detención en su contra. Alan García se ha suicidado a los 69 años disparándose en la cabeza para evitar la cárcel por corrupción al presentarse la policía en su casa para detenerlo.

Trasladado con vida a un hospital de Lima, el ex presidente en dos mandatos, investigado por corrupción en el caso Odebrecht, falleció tres horas después. El suicidio de Alan García para evitar su detención conmociona a Perú, según información difundida globalmente por Reuters.

Alan García presidió dos veces Perú, entre 1985 y 1990, y entre 2006 y 2011. Sus dos gobiernos no estuvieron exentos de polémica como ha sucedido con todos los exmandatarios vivos del país, que tras dejar el poder han sido perseguidos por la justicia.

La causa oficial de la muerte fue una “hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorespiratorio”.

El fiscal y la policía llegaron a primera hora de la mañana a la casa de García, en el distrito limeño de Miraflores, para proceder a su detención preliminar durante diez días –la misma medida aplicada la semana pasada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynsi (2016-2018)- por haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de la ramificación peruana del escándalo de corrupción en Petrobras.

A pesar de la drástica decisión de García, cuando este fue sacado de urgencia de su domicilio, la fiscalía decidió proseguir con el registro de la casa, que continuó incluso al conocerse su fallecimiento.

El actual presidente peruano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que lleva a cabo una cruzada anticorrupción, no se quedó al margen y en Twitter se mostró “consternado” por el fallecimiento.

La misma consternación expresaron otros líderes políticos también procesados por corrupción en el caso Odebrecht, como el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), que pasó nueve meses en la cárcel, al igual que su esposa, Nadine Heredia; o la jefa de la oposición, Keiko Fujimori, actualmente en prisión preventiva.

Alan García regresó en noviembre pasado a Perú desde Madrid, donde había establecido su residencia, para declarar ante la fiscalía. El expresidente fue sorprendido porque la justicia le prohibió volver a abandonar el país.

Creyendo que iba a ser detenido, García se refugió en la embajada de Uruguay en Lima y solicitó asilo político, denunciando persecución en su contra. Sin embargo, quince días después se vio obligado abandonar la legación diplomática cuando el gobierno uruguayo rechazó su petición.

La acusación de corrupción data de su segundo mandato, en el cual la fiscalía cree que Odebrecht pagó a García unos 6,2 millones de euros por adjudicarse la construcción de la Línea 1 del metro de Lima. Ministros y colaboradores cercanos del expresidente también están bajo sospecha.

Por otro lado, las autoridades de Estados Unidos de América arrestaron al candidato a presidencial guatemalteco Mario Estrada Orellana, quien fue acusado en una corte federal de Nueva York de conspirar para importar cocaína. ¿Y a los candidatos presidenciales de México, cuándo?

Estrada, del partido Unión del Cambio Nacional (UCN, derecha), fue arrestado en Miami (Florida) y también fue acusado, junto a Juan Pablo González Mayorga, de conspirar para usar y poseer fusiles AK-47. De resultar culpables enfrentan una condena de entre diez años hasta cadena perpetua, señaló la Fiscalía del distrito sur de Manhattan en un comunicado.

Desde diciembre de 2018 la agencia antidrogas de EU (DEA) ha estado investigando a varios individuos por intentar solicitar dinero de cárteles de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada.

Durante algunas de estas negociaciones, que se realizaron en Guatemala y Florida este año, miembros de ese grupo, incluyendo a Estrada, de 58 años, y a González, de 50, interactuaron con supuestos miembros y asociados del Cartel de Sinaloa, poderosa organización internacional de tráfico de drogas de México, que eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en video y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

A cambio, se alega, acordaron que si Estrada ganaba las elecciones presidenciales de Guatemala, que tendrán lugar en junio, le proveería respaldo del Estado para las actividades de tráfico de drogas del cartel mexicano.

La Fiscalía asegura que los acusados acordaron proveer al cartel de Sinaloa acceso sin restricciones a aeropuertos y puertos marítimos en Guatemala para que pudieran transportar cocaína a través del país y por último a EU.

Igualmente, señala que Estrada ofreció presuntamente nombrar a miembros del cartel mexicano en posiciones de alto nivel en el Gobierno de Guatemala para impulsar las actividades del tráfico de droga de esa organización.

En particular, González habría asegurado a uno de los informantes que el cartel tendría influencia directa en los nombramientos de la secretaría de Interior, que supervisa a la Policía y la Defensa que tiene bajo su jurisdicción lo militar.

Incluso, afirman además que Estrada y González pidieron a los informantes de la DEA que contrataran sicarios para asesinar a los rivales políticos y asegurar así que Estrada fuera electo presidente de Guatemala, indica el comunicado.

Estrada y González identificaron a sus objetivos con nombres y acordaron proveer a los sicarios con armas de fuego, incluidos fusiles AK-47 para llevar a cabo los asesinatos.

alfredo_daguilar@hotmail.com

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@efektoaguila